El nuevo decreto reglamentario del régimen general de promoción de inversiones reconoce a la inversión como un eje estratégico para el crecimiento económico del país y establece un conjunto de modificaciones orientadas a fortalecer su impacto productivo, social y territorial.

La normativa, que sustituye al Decreto Nº 268/020, introduce una actualización de la matriz de indicadores utilizada para la evaluación de los proyectos. En este sentido, se prioriza la generación de empleo en los grupos poblacionales con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y se promueve la descentralización de la inversión hacia los departamentos que presentan mayores problemáticas de empleo y pobreza.

Asimismo, se actualiza el indicador de Investigación, Desarrollo e Innovación, que pasa a denominarse I+, con el objetivo de incentivar la productividad de las empresas. En materia ambiental, se sustituye el indicador de Tecnologías Limpias por el de Sostenibilidad Ambiental, promoviendo prácticas productivas ambientalmente responsables. Además, se define un conjunto de actividades y sectores considerados estratégicos para el país, que recibirán un mayor puntaje dentro de la matriz de evaluación.

El decreto pone especial énfasis en democratizar el acceso al régimen de promoción de inversiones, en particular para las micro, pequeñas y medianas empresas. En este marco, se establecen incentivos adicionales en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, así como plazos extendidos para la utilización de los beneficios. Asimismo, se eliminan restricciones previas que limitaban el acceso de las MiPyMEs al régimen y se habilitan mecanismos alternativos para aquellas empresas que no cuenten con contabilidad suficiente.

Por otra parte, la normativa prioriza proyectos de mayor porte que generen externalidades positivas en materia de empleo y productividad. Se establecen condiciones especiales para proyectos de inversión de gran escala que, cumpliendo determinados requisitos de generación de empleo e innovación, podrán acceder a exoneraciones del 100 % del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.

Estas modificaciones normativas se complementan con cambios en los procesos y funcionamiento de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones, con foco en la agilidad y la mejora de la experiencia de las empresas usuarias del régimen. Para ello, se incorporarán nuevas tecnologías que optimizarán la presentación, el control y el seguimiento de los proyectos.

El decreto comenzará a regir a partir del 1.º de febrero de 2026 y permitirá que las empresas cuyos proyectos sean declarados promovidos accedan a exoneraciones tributarias que incluyen, además del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas, el Impuesto al Patrimonio, tributos a la importación de bienes no competitivos con la industria nacional y certificados de crédito de IVA por compras realizadas en el mercado local.